El boleto a $70: el bloque de Tamayo aprobó la suba en Transpuntano 

Gracias a los votos del bloque del Fuerza San Luis (FSL), el intendente Sergio Tamayo logró uno de sus objetivos en este fin de año: que el boleto de Transpuntano pase de $50 a $70.

Fue en la sesión de este jueves en el Concejo Deliberante que el proyecto enviado por la Municipalidad, tuvo la aprobación con 8 votos a favor contra 5 negativos y una abstención.

Quienes manifestaron su postura en contra de la actualización fue el bloque Unidos por San Luis (USL) y la concejal Ailén Chaine de Libres del Sur. Javier Suárez Ortiz optó por la abstención. Carlos Ponce se unió al kirchnerismo y acompañó.

Así, en casi tres años de gestión, Tamayo impulsó subas en el transporte urbano de la ciudad de hasta el 276%.

El presidente del bloque kirchnerista, Juan Divizia fue el encargado en defender el incremento, como miembro informante y presidente de la comisión de Transporte.

El principal fundamento que explicó giró en torno a la inflación y los costos que debe afrontar la empresa municipal.

“Hoy el boleto está a $50. No hace falta que expliquemos cómo la inflación es un flagelo que nos agobia a todos. A la empresa se le hace imposible mantener el costo bajo, más allá de los $720 millones que le llegan en recursos estatales”, sostuvo en su intervención.

En este sentido puntualizó que “es muy difícil tener que subir la tarifa” y aseguró que “es una decisión política tener una tarifa social a $70 cuando debería salir $180 o $190”.

Una de las voces críticas fue la otra integrante de la comisión y del bloque USL, Agustina Arancibia Rodríguez. Señaló que “no existe un equilibrio” entre el valor del servicio y su calidad.

“En este último tiempo no ha habido una sola política de transporte, lo único que discutimos son las subas. No se ha logrado que contesten los pedidos de informes ni que alguien del Ejecutivo venga nos cuente cómo se encuentra la empresa”, agregó.

Así, puso como ejemplo que, mientras sube el boleto, “no hay mejoras como en las líneas”.

“No puedo decir que el próximo año sea distinto, está a las claras que no existe ninguna política de transporte. Ojalá que el año que viene se haga una lectura distinta de la situación del transporte. El servicio es malo, ustedes (por los concejales oficialistas) siguen subiendo el boleto, es muy difícil acompañar una suba cuando no existe el más mínimo equilibrio para mejorar el servicio”, precisó.

De esta manera, serán dos aumentos en menos de un año. Éste último comenzará a regir desde el 1ro de enero del 2023.

Emergencia económica

Otra ordenanza que fue aprobada por el kirchnerismo capitalino fue la Emergencia Económica Financiera, Administrativa y del Servicio Público de Transporte Urbano. Contó con 8 votos a favor, de FSL más Ponce, y 6 negativos pertenecientes a USL, Suárez Ortiz, Pérez Miranda y Chaine.

¿Qué se otorga? La norma le da herramientas a Tamayo para realizar reestructuraciones en la administración centralizada, descentralizada y desconcentrada; realizar convenios de recaudación con instituciones; disponer la renegociación o rescisión de contratos y convenios; también se suspende el cargo de defensor del pueblo y “adopta todas las medias necesarias” en el transporte, entre otras atribuciones.

Cordido defendió la ordenanza que entrará en vigencia desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre.

Nuevamente se trajo como argumento la inflación y destacó la “importancia” de la ordenanza.

En este sentido, se detuvo en otro de los aspectos como la suspensión del pago de juicios: “No hay manera con este nivel de recaudación, estas condiciones de afrontarlo. Hay que garantizarle estas herramientas al municipio”.

El presidente del bloque USL, Guillermo Araujo fue crítico de la iniciativa. Hizo énfasis en la “amplitud” de la norma y que se trata de una herramienta que le permite a la Municipalidad “tener menos controles en el uso de recursos públicos”.

“Viendo cómo aumentaron cuantiosamente los recursos tal como en la recaudación o en la coparticipación con los fondos de la deuda, siguen enviando un proyecto de emergencia económica sumamente amplia”, manifestó.

Seguidamente, enumeró algunos de los puntos discutidos. “Le da la posibilidad al Ejecutivo a hacer contrataciones directas porque se le ocurre ¿La Ley de Procedimiento? A la basura. Se dispone una restructuración de la administración central y organismos descentralizados, es decir, que el Presupuesto aprobado va a la basura. En los considerando se suspende la ordenanza del defensor del pueblo, nada más, no se argumenta. Años anteriores el motivo era generar un sueldo más, hay problemas de este cargo pero no en sumar otros 300 funcionarios políticos.”, indicó.